*Fernando Gómez Casas
En los últimos años se ha producido una tendencia literaria que analiza temas sociales a través de ejercicios económicos. Tal vez el primer “best seller” que abordó este tipo de ejercicios fue el libro “Freakonomics” (recomendado) en donde los autores intentaron demostrar, por ejemplo, que una política de legalización de abortos en los años 70 y 80 en Nueva York, tuvo un efecto de reducción de la delincuencia dos décadas más adelante.
Más allá de la validez técnica del ejercicio o de que exista el consenso moral en una sociedad para aprobar leyes como la legalización del aborto, lo más valioso de estos libros, es el aporte novedoso de cómo abordar circunstancias de la vida analizándolas desde perspectivas diferentes a las obvias.
Este tipo ejercicios cada vez son más aplicados en la formulación de políticas públicas en lo que se ha denominado “análisis económico del derecho”, a través del cual se busca medir los impactos de las decisiones de los gobiernos sobre sus ciudadanos, considerando aspectos diferentes al tradicional “deber ser”, tales como estilos de vida, preferencias, comportamientos, creencias, etc.
Ya que por estos días estamos estrenando gobierno en Colombia y diariamente se proponen proyectos de ley con objetivos loables de desestímulo de prácticas perversas como la corrupción y la extorsión, entre otros, en algunos casos se hace evidente la ausencia del análisis económico sobre estos proyectos.
Se debe insistir que las propuestas son bien intencionadas y juiciosas, pero la falta análisis interdisciplinario las lleva a soportarse en comportamientos antieconómicos, con lo que su impacto esperado es bastante reducido.
El primer ejemplo puede ser una propuesta del Ministerio de Defensa que tiene por objetivo la reducción de extorsiones a través de la penalización al pago de las mismas. En otras palabras, se pretende imponer una mayor responsabilidad no al victimario que delinque ni al Estado que permite que se delinca, sino a las víctimas que tienen la posición más desventajosa pues no tienen una capacidad de defensa legítima (como el Estado) ni ilegítima (como el delincuente).
La víctima reconoce en muchos casos como su alternativa “maximizadora de beneficios” el pago de la extorsión, ya que reduce el riesgo de pérdidas mayores. En suma su costo de oportunidad es menor con el pago de la extorsión.
Es insensato pensar que el extorsionado es un delincuente por solventar situaciones que el Estado en muchos casos no puede garantizar, pero es más inconveniente aún, aplicar políticas que son ilegítimas desde el punto de vista de la percepción social, pues para la sociedad el extorsionado es una víctima. Esto es ejemplo de una medida antieconómica.
Un segundo ejemplo tiene que ver con un proyecto de ley presentado por el Ministerio del Interior en el que se busca la reducción de la corrupción penalizando los aportes a campañas políticas a través de la imposibilidad de contratar con el Estado.
Si bien los promotores de la iniciativa han sido elegidos popularmente en múltiples oportunidades, pareciera que su expectativa con la aplicación de esta ley es que se genere una separación espontánea entre política y economía en la que de ahora en adelante, se respeten los límites y prime el interés general. Lamentablemente los empresarios y políticos no se van a volver “angelitos” deseosos del interés general porque, como se ha explicado en otros artículos, no es su naturaleza.
Mientras el gobierno espera que se acabe la financiación privada de las campañas políticas, lo que muy seguramente ocurrirá es que toda la financiación se produzca por debajo de la mesa con acuerdos invisibles a la sociedad y que por tanto terminen potencializando la corrupción.
Como se ha afirmado en otros artículos, hasta que no se legalice el lobby como en países desarrollados y mientras exista un "mercado negro" de influencias, no se sanará la desmedida corrupción.
Lo deseable desde el punto de vista económico no es penalizar más, sino revelar las relaciones entre privados y hacedores de política, de manera que toda la sociedad pueda juzgar de forma más argumentada si existe algún tipo de favorecimiento por parte de funcionarios públicos. La solución al problema no es taparse los ojos con la idea de que la represión modificará las malas prácticas, sino visibilizar las relaciones entre los agentes.
Sobre este último punto, es interesante sentar una posición frente a la opinión crítica generalizada a la recién elegida Contralora General de la República por afirmar que en la entidad tendrán cabida los partidos políticos de acuerdo con su representación en el legislativo.
Si bien esta afirmación genera un fuerte impacto por atípica e inusual, al analizar el “deber ser” de un funcionario público en un Estado moderno, se debería aplaudir dicha posición. En todo gobierno se debe lograr que todas las acciones de los funcionarios públicos sean precisamente públicas, y que no existan estrategias debajo de la mesa para favorecer a unos u otros.
En una democracia, es natural que los cargos públicos sean ocupados por representantes de los partidos más fuertes, es decir los que cuentan con el mayor apoyo ciudadano y por tanto reconocerlo no debería causar rechazo.
Más aún, es deseable que en los gobiernos se conozca de dónde viene cada funcionario, a quién representa, qué partido y qué grupo de poder lo influencia y de esa forma ejercer una vigilancia sobre las decisiones cotidianas de su gestión. Conocer estas relaciones proporcionaría más claridad, transparencia en la gestión y por tanto permitiría una mejor veeduría así como castigo severo, todo lo que limita las posibilidades de corrupción.
En general no deberíamos dejarnos llevar por opiniones sustentadas en una moralidad irracional y vacía de provecho social. Necesitamos realizar análisis económico sobre las políticas para generar transparencia y facilitar las auditorías. Es conveniente que las relaciones entre los agentes económicos se hagan por encima de la mesa y no seguir contribuyendo con la generación de “mercados negros” que tienen tan alto costo para la sociedad.
