*Fernando Gómez Casas
En los últimos años se ha producido una tendencia literaria que analiza temas sociales a través de ejercicios económicos. Tal vez el primer “best seller” que abordó este tipo de ejercicios fue el libro “Freakonomics” (recomendado) en donde los autores intentaron demostrar, por ejemplo, que una política de legalización de abortos en los años 70 y 80 en Nueva York, tuvo un efecto de reducción de la delincuencia dos décadas más adelante.
Más allá de la validez técnica del ejercicio o de que exista el consenso moral en una sociedad para aprobar leyes como la legalización del aborto, lo más valioso de estos libros, es el aporte novedoso de cómo abordar circunstancias de la vida analizándolas desde perspectivas diferentes a las obvias.
Este tipo ejercicios cada vez son más aplicados en la formulación de políticas públicas en lo que se ha denominado “análisis económico del derecho”, a través del cual se busca medir los impactos de las decisiones de los gobiernos sobre sus ciudadanos, considerando aspectos diferentes al tradicional “deber ser”, tales como estilos de vida, preferencias, comportamientos, creencias, etc.
Ya que por estos días estamos estrenando gobierno en Colombia y diariamente se proponen proyectos de ley con objetivos loables de desestímulo de prácticas perversas como la corrupción y la extorsión, entre otros, en algunos casos se hace evidente la ausencia del análisis económico sobre estos proyectos.
Se debe insistir que las propuestas son bien intencionadas y juiciosas, pero la falta análisis interdisciplinario las lleva a soportarse en comportamientos antieconómicos, con lo que su impacto esperado es bastante reducido.
El primer ejemplo puede ser una propuesta del Ministerio de Defensa que tiene por objetivo la reducción de extorsiones a través de la penalización al pago de las mismas. En otras palabras, se pretende imponer una mayor responsabilidad no al victimario que delinque ni al Estado que permite que se delinca, sino a las víctimas que tienen la posición más desventajosa pues no tienen una capacidad de defensa legítima (como el Estado) ni ilegítima (como el delincuente).
La víctima reconoce en muchos casos como su alternativa “maximizadora de beneficios” el pago de la extorsión, ya que reduce el riesgo de pérdidas mayores. En suma su costo de oportunidad es menor con el pago de la extorsión.
Es insensato pensar que el extorsionado es un delincuente por solventar situaciones que el Estado en muchos casos no puede garantizar, pero es más inconveniente aún, aplicar políticas que son ilegítimas desde el punto de vista de la percepción social, pues para la sociedad el extorsionado es una víctima. Esto es ejemplo de una medida antieconómica.
Un segundo ejemplo tiene que ver con un proyecto de ley presentado por el Ministerio del Interior en el que se busca la reducción de la corrupción penalizando los aportes a campañas políticas a través de la imposibilidad de contratar con el Estado.
Si bien los promotores de la iniciativa han sido elegidos popularmente en múltiples oportunidades, pareciera que su expectativa con la aplicación de esta ley es que se genere una separación espontánea entre política y economía en la que de ahora en adelante, se respeten los límites y prime el interés general. Lamentablemente los empresarios y políticos no se van a volver “angelitos” deseosos del interés general porque, como se ha explicado en otros artículos, no es su naturaleza.
Mientras el gobierno espera que se acabe la financiación privada de las campañas políticas, lo que muy seguramente ocurrirá es que toda la financiación se produzca por debajo de la mesa con acuerdos invisibles a la sociedad y que por tanto terminen potencializando la corrupción.
Como se ha afirmado en otros artículos, hasta que no se legalice el lobby como en países desarrollados y mientras exista un "mercado negro" de influencias, no se sanará la desmedida corrupción.
Lo deseable desde el punto de vista económico no es penalizar más, sino revelar las relaciones entre privados y hacedores de política, de manera que toda la sociedad pueda juzgar de forma más argumentada si existe algún tipo de favorecimiento por parte de funcionarios públicos. La solución al problema no es taparse los ojos con la idea de que la represión modificará las malas prácticas, sino visibilizar las relaciones entre los agentes.
Sobre este último punto, es interesante sentar una posición frente a la opinión crítica generalizada a la recién elegida Contralora General de la República por afirmar que en la entidad tendrán cabida los partidos políticos de acuerdo con su representación en el legislativo.
Si bien esta afirmación genera un fuerte impacto por atípica e inusual, al analizar el “deber ser” de un funcionario público en un Estado moderno, se debería aplaudir dicha posición. En todo gobierno se debe lograr que todas las acciones de los funcionarios públicos sean precisamente públicas, y que no existan estrategias debajo de la mesa para favorecer a unos u otros.
En una democracia, es natural que los cargos públicos sean ocupados por representantes de los partidos más fuertes, es decir los que cuentan con el mayor apoyo ciudadano y por tanto reconocerlo no debería causar rechazo.
Más aún, es deseable que en los gobiernos se conozca de dónde viene cada funcionario, a quién representa, qué partido y qué grupo de poder lo influencia y de esa forma ejercer una vigilancia sobre las decisiones cotidianas de su gestión. Conocer estas relaciones proporcionaría más claridad, transparencia en la gestión y por tanto permitiría una mejor veeduría así como castigo severo, todo lo que limita las posibilidades de corrupción.
En general no deberíamos dejarnos llevar por opiniones sustentadas en una moralidad irracional y vacía de provecho social. Necesitamos realizar análisis económico sobre las políticas para generar transparencia y facilitar las auditorías. Es conveniente que las relaciones entre los agentes económicos se hagan por encima de la mesa y no seguir contribuyendo con la generación de “mercados negros” que tienen tan alto costo para la sociedad.
Perdona.....
ResponderEliminarParte I
Fernando, a propósito del nombre del Blog, Gerencia y Estado, en los últimos 50 años, y de manera muy especial, en los últimos 20 años se ha generado una influencia de los desarrollos del gerencialismo privado en la Administración Pública. Con mayor evidencia de avance en los países de la OCDE, de Norte América y en algunos asiáticos como Japón. La planeación operativa, y luego la planeación estratégica, la gestión por procesos , la reingeniería, la gestión por redes, la incorporación de sistemas de información y de TIC’s , el cliente como eje, las cadenas de valor, la gestión por resultados (más que por objetivos), el control de costos, indicadores, cuadros de mando, el control de resultados, la gestión de la calidad, y la gestión de competencias y conocimiento… entre otras ha sido aportes valiosos que han estimulado mejores prácticas de la Administración Pública y una adecuada articulación de los esfuerzos privados y públicos, en los países más desarrollados, lo que sin duda alguna, se ha reflejado en las condiciones estables y progresivas de bienestar y competitividad de sus comunidades.
Colombia no ha estado al margen de la aplicación de los desarrollos gerenciales a la administración pública. Tenemos desde planeación estratégica, hasta certificación de calidad, sistema de seguimiento por indicadores, gestión documental, sistemas de gestión administrativa, presupuestos orientados a resultados, gestión del talento humano por competencias, sistema de control interno, programas de modernización del Estado,…. y avances considerables en Gobierno en línea… etc. pero no ha sido suficiente para que a la par tengamos mejores resultados, así como mayor confiabilidad, calidad y competitividad de la gestión pública. Los problemas que no ceden como ineficiencia, ineficacia, costos desbordados, desatención al ciudadano, patrimonialismo, nepotismo, impunidad, inequidad, pobreza extrema y corrupción, por mencionar algunos, nos llevan a preguntarnos ¿qué pasa con nuestra administración de lo público, tanto por públicos como por privados, será que nos faltan más desarrollos gerenciales?
Es por esto lo del perdón...
ResponderEliminarParte II
La respuesta parcialmente puede ser si. La innovación en prácticas gerenciales seguirá siendo una fuente de mejoras para la gestión pública. Es solo parcialmente si, por que la magnitud de los problemas da cuenta de deficiencias estructurales que trascienden y condicionan la Administración Pública, me refiero principalmente a deficiencias en el Gobierno, en las instituciones de la Democracia, en los poderes públicos y por supuesto en nuestra cultura política.
Nada más desequilibrado que un Gobierno débil, unos poderes públicos débiles y unos actores económicos fuertes, que no representan (y su función no es esa) a toda la sociedad civil. Para equilibrar la balanza es necesario tener una sociedad civil fuerte, formada, organizada, consciente de la importancia de las instituciones y del valor de respetar las reglas del juego, de su deber de aportar y de ser solidarios. Una sociedad civil que deje de ser una masa de personas que debe ser gobernada, disciplinada y administrada, el auditorio ideal para el autoritarismo y el populismo, con la actitud resignada del que espera a ser atendido por el Estado, y pase a ser el constructor de su progreso.
Recuerdo una reflexión del Alcalde de Bilbao, España, en una reciente conferencia en Bogotá, en la que toco el tema de la profunda desigualdad y de la suerte de las comunidades que están privadas de condiciones de vida digna a quienes les alertó “Nadie va a venir a resolver sus problemas, no esperen ni que otros gobiernos, o que los empresarios de otros países lleguen a sus territorios a construirles la infraestructura o a generarles oportunidades de progreso , ustedes deben asumir su propio desarrollo”
La Colombia que pide agritos condiciones de vida digna, que esta cansada de la impunidad y la corrupción, necesita de todos y cada uno de nosotros. El reto nos exige que seamos ciudadanos que nos informamos, nos comunicamos, nos asociamos, formamos redes y emprendemos proyectos para nuestro progreso. Ciudadanos que sensibilizamos políticamente, que nos apropiamos de los partidos políticos, de los espacios de la democracia, participamos en la transformación, gestión y el control de lo público, que exigimos cambios y lo más importante que nos comprometemos con nuestro presente y nuestro futuro. Así seremos los que forjemos el fortalecimiento de nuestra Democracia, del Estado, de los Poderes Públicos, y de la Administración Pública, para que concilien nuestras visiones de futuro y tengan la capacidad de articular los esfuerzos públicos y privados hacia nuestro desarrollo y posicionamiento en el contexto mundial.