* Fernando Gómez Casas
Todos los seres humanos en mayor o menor medida tenemos un comportamiento común: queremos más dinero que menos.
Es una condición natural que los economistas denominan “racionalidad económica” y que implica que más allá del grupo social al que pertenezcamos, de nuestra vocación, principios y valores, si nos ponen a elegir entre dos escenarios con condiciones similares, seleccionaremos aquel que genere mayores ingresos.
Este supuesto clave, aplicado permanentemente desde la economía clásica para resolver modelos de comportamiento humano, extraña e insensatamente, ha sido excluido de los principios del Estado, especialmente en países como los nuestros, lo que ha propiciado las prácticas de corrupción.
Muchos son los escenarios para analizar el problema de la corrupción de nuestros países, muchas las hipótesis para justificarla, pero casi todos los antídotos para combatirla se han concentrado en la aplicación severa de la ley y no en lo razonable, que es un ajuste de incentivos del empleado público como agente económico que es.
Hace un poco más de un año, me invitaron a presentar una conferencia sobre Control de Prácticas Comunes de Corrupción, en el marco de un Foro del Ministerio de Ambiente y Vivienda en el que se planteó que la corrupción persistirá hasta tanto no se cambie la moral irracional del Estado que considera al empleado público como un ser desinteresado de su propia ganancia y para quien el beneficio social está situado muy por encima del propio (ponencia completa en www.proyecta-sa.com).
Es importante aclarar que estos conceptos ya han sido analizados por autores como Peltzman en la década de los 70, en los que se reconoce la importancia de realizar modelos de eficiencia en políticas públicas bajo captura del regulador.
Siendo lógico que el empleado público tiene racionalidad económica, hasta cuándo vamos a mantener en el Estado un sistema de incentivos de doble moral y que propicia la corrupción?
El costo de una campaña política es, cuando menos, cuatro veces más que la sumatoria de los salarios ofrecidos para el cargo al que se aspira, e incluso con el reconocimiento económico de una parte de los votos por el Estado, al menos la mitad del costo de la campaña esta desfinanciado. No es lógico que si se busca ganar, las campañas políticas requieran financiación privada? Y si las empresas ofrecen apoyo económico, no es razonable que requieran recuperarlo en el tiempo? Esta situación evidencia la doble moral en la que preferimos taparnos los ojos ante una realidad evidente, antes de proponer mecanismos que al hacer visibles las prácticas, permitan socializar los resultados.
Un empleado público tiene asignado un salario bajo, por lo que cualquier profesional de alto nivel, a menos que reciba beneficios adicionales, en general optará por el sector privado. Además, el funcionario público tampoco tiene incentivo natural a hacer una buena gestión ya que a diferencia del sector privado, en el Estado se castiga lo malo pero no se premia lo bueno.
Hasta cuándo vamos a preferir un sistema de doble moral antes de abordar la discusión para generar políticas tendientes a mejorar el ingreso de los funcionarios del Estado, promover incentivos al éxito en la gestión y generar posibilidades de hacer lobby de manera legal con claridad en las reglas de juego para todo el sector privado?
No es suficiente realizar un esfuerzo legal y judicial sino que se requiere generar incentivos al funcionario público que reduzcan intereses ilegales de favorecimiento individual, e igualmente incentivos al el sector privado, para fortalecer la institucionalidad, reglas de juego y temor por castigo severo a los corruptos.
La reflexión es clara y coincido en que es prioritario que nuestra sociedad civil, económica y política llegue a consensos al respecto. Esta reflexión me llevó a pensar sobre los conceptos de lo público y lo privado, definidos el uno en contraposición del otro. Uno de los aspectos que lo diferencian es la noción de utilidad. En lo privado el sujeto al que pertenece la utilidad es el individuo, en lo público la utilidad es de la sociedad organizada que se mantiene cohesionada por los vínculos institucionales y por la utilidad común.
ResponderEliminarOtra característica fundamental es que en lo público las relaciones se dan entre desiguales en los que prima la subordinación entre gobernantes y gobernados. El gobernante tiene el poder de mandar y el gobernado el deber de obedecer, en consecuencia en lo público las relaciones son entre desiguales. Las relaciones entre el Estado y los individuos corresponde a lo público. En lo privado por tanto, las relaciones son entre iguales, los individuos y las familias son de la órbita de lo privado.
Las relaciones de lo público son definidas expresamente en las instituciones como la Constitución y la Ley. Las relaciones de lo privado se definen en los contratos. Esta dicotomía es estructural del ordenamiento del Derecho que también se divide en derecho público y derecho privado. Las reglas son fundamentales para que los actores sociales tengan claro el límite entre lo público y lo privado. Por ello el derecho público no puede y no debe ser modificado por pacto entre privados. Lo público es lo que está expuesto para que sea conocido por la sociedad, por ello la opinión pública cualificada es fundamental para defensa y transformación del Estado. Lo privado es propio del círculo restringido de individuos que cada persona autónomamente convoca, es el secreto, es el derecho a ser anónimo.
Transgredir los límites entre lo público y lo privado. Transferir el beneficio de todos a la utilidad de unos pocos individuos. Asemejar el Estado a la familia y asumir el rol de padre del pueblo para repartir los beneficios entre los más cercanos. Convertir las relaciones privadas en relaciones de desiguales por razones del ser, el estar o el TENER. Así como convertir las relaciones entre el Estado y los individuos como relaciones entre iguales en las que los acuerdos están por sobre las instituciones. Privilegiar los intereses de terceros extranjeros por sobre la capacidad de la sociedad de definir y redefinir sus instituciones, como los mal llamados acuerdos de estabilidad jurídica. Violar el secreto, entrometerse en el círculo restringido de los individuos con el abuso del poder del Estado. Tomar decisiones secretas en el Estado. Usar el monopolio de la fuerza contra los más débiles y proteger a los Todos son síntomas preocupantes de la degeneración del Estado, que debe ocuparnos, y que creo, contribuyen al debate que debemos dar en Colombia sobre la Corrupción.
Pura habladora que no dice nada vieja mediocre aprenda de gestión de lo privado que replica en lo público
EliminarVieja bruta aprenda que lo público copia las metodologías de lo prIvado aprenda de gestión vieja inepta
EliminarEste claro comentario convoca al deber ciudadano de valorar la importancia de las instituciones por encima de las personas, ya que no hacerlo genera un gravísimo retroceso para el desarrollo. Hay muchas formas de valorar ese retroceso que propongo debatir en próximos artículos, mientras tanto, acerca de los acuerdos de estabilidad jurídica para inversión extranjera y la posición del privado frente al interés general, invito comentar el nuevo artículo “Una reconquista más diplomática” en el segmento de Globalización de éste blog.
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